Más allá de la Convención Nacional del Pacto Histórico, el pasado 19 de julio, no hubo de ahí en adelante ninguna otra manifestación seria de los partidos fundantes que permitiera, inequívocamente, concluir que existía la voluntad real de cambiar las viejas prácticas, copiadas de la derecha, de imponer candidatos a bolígrafo y con fundamento en amiguismo y grupismo sectario.
En una mezquindad y miopía increíbles de aceptar, las direcciones o cúpulas de los partidos se jugaron, como plan A, lo que en fútbol se denomina pérdida deliberada de tiempo, esperando que, desde la decisión del CNE y desde su inacción, los tiempos precluyeran y no hubiera consulta interna para escoger democráticamente candidatos a Presidencia, Senado y Cámara.
De hecho, hasta la medida cautelar proferida en su momento por un juez constitucional de tutela y promovida por Carolina Corcho, pretendió ser burlada, quién lo creyera, por la propia cúpula del Pacto, que frente a una noticia alentadora, decidió en su «sabiduría» sacar un comunicado (plan B) para implosionar desde adentro el proceso de selección o de democratización del partido.
Desde esa osadía de reivindicar la participación popular y directa en las decisiones que afectan a los ciudadanos electores, agenciada por una Corcho convencida de que nada ni nadie puede suplantar o sustituir al pueblo, arrancó el plan C: El de la unificación de quienes se sintieron amenazados e incomodados en la preservación de su poder temporal y, tras de ello, la desinformación, satanización y aislamiento de quién se había atrevido, como Gaitán, a reivindicar al país nacional frente al país político.
Y aunque bajo condiciones normales esa defensa y reivindicación de los ciudadanos que en las elecciones de hace 4 años se sintieron utilizados, asaltados y forzados a votar por figurines que nadie conocía y que obviamente no dieron la talla ni en el Congreso, ni en la defensa del Gobierno en las calles, debió generar solidaridad y respaldo, el panorama ni para la ex ministra de salud ni para ninguno de los candidatos de los sectores sociales ha sido fácil.
Y es que los sectores sociales, aún para los partidos de izquierda, sólo son muy valiosos como electores y cada vez que se ha necesitado ir y copar las calles para respaldar al Gobierno y sus reformas, justo cuando ellos y sus aparatos brillan por su ausencia. No obstante, y paradójicamente, esos mismos sectores sobstáculos,ociales son considerados auténticos insurrectos, dignos de castigo, cuando cuestionan críticamente -y con razón- a los emergentes poderes de izquierda.
Sin lugar a duda, la consulta y la implementación de la democracia son un primer paso importante en la dirección correcta, pero aún queda mucho terreno por transitar. La práctica rápidamente está demostrando que hoy operan neo maquinarias de izquierda, dirigidas por aventajados alumnos de las prácticas de la derecha, y que el clientelismo dejó de ser un elemento identificativo, exclusivamente, de los rancios partidos tradicionales.
No de otra manera puede entenderse la vulgar coacción que se está ejerciendo, a cambio de los avales que para esta consulta entregaron los partidos de izquierda, para que los beneficiarios de los mismos dejen de pertenecer a eso que Petro denomina ciudadanías libres.
Al espectáculo deplorable de asistencia obligada de candidatos a eventos públicos, so pena de no sé qué tipo de sanción o de la imposición de la «disciplina de perros» que tanto se criticaba al establecimiento, se suma el enorme desequilibrio en materia de financiación y medios económicos en las campañas. ¿Cómo puede alguien de los sectores sociales que aspire a ser elegido competir contra la chequera de los senadores y representantes de los partidos o contra el poder que les otorga manejar burocrática y presupuestalmente instituciones del Gobierno?
¿Quiénes no van a poder y quiénes sí contratar transporte, movilizar electores y repartir refrigerios entre jurados y testigos electorales al mejor estilo de los clanes políticos que, de dientes para afuera, se critican hipócritamente? El 25 de septiembre se sentó un precedente, pero queda mucho terreno por recorrer.
De hecho, todo el mundo ya sabe anticipadamente quiénes ocuparán los primeros puestos en la consulta a Cámara en función de los respaldos a sus espaldas. Y es que no es lo mismo aspirar bajo el respaldo de un clan con contratación nacional o de candidatos con control de instituciones del estado, que hacerlo sólo con voluntad y ganas.
La pregunta es: ¿Quién o qué personaje público nacional se atreve a asumir de manera abierta la bandera por la libertad del voto y de denuncia y renuncia a las maquinarias partidistas y a las prácticas neo-clientelistas que garanticen la transparencia del proceso de consulta?
Ojalá la ciudadanía el 26 de octubre castigue la reproducción de prácticas políticas absolutamente deleznables. Recordando a Carlos Gaviria Díaz, ¡quien paga para llegar, llega para… “
